(ARGENTINA).- El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 11 fijó para el 15 de febrero de 2027 el inicio del juicio oral y público contra Daniel Alberto Passarella y otros acusados por presuntas maniobras en River. La causa investiga la reventa de entradas, la administración fraudulenta y la instigación a la formación de grupos violentos.
El proceso involucra a 31 personas, entre exintegrantes de la comisión directiva, referentes de Los Borrachos del Tablón y dos policías señalados por su presunta participación. El tribunal fijó la fecha el viernes, sobre el cierre de la jornada. Passarella presidió River entre 2009 y 2013. El inicio quedó establecido a menos de seis meses del vencimiento del plazo de prescripción, situado en junio de 2027.
La causa contra Passarella
La causa se originó el 23 de junio de 2012, cuando River enfrentó a Almirante Brown en el Monumental por el ascenso a Primera. Guillermo F., socio y abonado a la platea San Martín media, encontró ocupado uno de sus asientos por un hincha que tenía una entrada de protocolo comprada en la reventa. Al reclamar ante las autoridades, denunció que fue maltratado e intimidado en presencia de integrantes de la barra. Dos días después presentó una denuncia judicial por estafa.
La investigación sitúa la reventa en un circuito que comenzaba con los datos de unos 10.000 socios que habitualmente no concurrían al estadio. Con esa información se imprimían alrededor de 1.500 entradas por partido, destinadas a la barra, según la causa. Entre martes y jueves, sus referentes las retiraban en una oficina del club; si la entrega allí se complicaba, se concretaba en el lavadero Manotas, sobre la avenida Libertador, o en una estación de servicio de Juan B. Justo y Nicaragua.
🚨 AHORA | Daniel Passarella afrontará el juicio oral más importante por reventa de entradas y defraudaciones. La causa por administración fraudulenta e instigación a la formación de grupos violentos comenzará el 15 de febrero y tiene una pena máxima de hasta 12 años de prisión. https://t.co/msFIqpiYJz
— Tiempo Extra (@TiempoExtraAr) November 14, 2026
Las entradas se comercializaban por internet, a través de Mercado Libre, y desde una oficina ubicada en Carlos Pellegrini 27, en el microcentro. En los días de partido, 57 revendedores identificados por la Justicia recibían los tickets en los quinchos del club y reportaban las ganancias desde una oficina de la calle Ricchieri, a tres cuadras del Monumental. La investigación atribuía a la barra localidades de las tribunas San Martín, Centenario, Sívori y Belgrano alta. También se habrían vendido dos palcos bajo la fachada de una empresa de turismo, a 300 dólares por partido.
La causa sostiene que parte del dinero de la reventa se blanqueaba mediante la compra de propiedades para refaccionar, a través de una sociedad anónima de testaferros, y su posterior venta con los trabajos sobrefacturados.
La acusación también incluye presuntas maniobras con dinero de futbolistas: el fiscal José María Campagnoli sostuvo que se libraron 26 cheques a nombre, entre otros, de Carlos Sánchez, Mariano Pavone, Agustín Alayes y Leandro Vella, sin que ellos cobraran; las firmas habrían sido falsificadas y los cheques endosados a terceros.
El expediente menciona además comisiones duplicadas por el pase de Jonathan Fabbro: una habría ido a su representante y la otra, según el dictamen, a dirigentes. Para recitales, River habría pagado millones de pesos por seguridad privada que debían costear las empresas de espectáculos; las facturas se emitían a nombre de Radiollamada S.A., registrada como servicio de remises.
El proceso también incluye una acusación por presunta extorsión contra Ariel Calvici, entonces integrante de la barra, quien habría intentado disputar su conducción. La investigación sostiene que integrantes de la barra y policías le advirtieron que le plantarían cocaína en el auto y lo enviarían a prisión si persistía en esa intención.
Entre los acusados aparecen el exvicepresidente Diego Turnes, Eduardo Rabuffetti, los ex tesoreros Hugo Carreras y Daniel Mancusi, Francisco Biernakowicz y Gustavo Poggi; también los referentes Martín Araujo, conocido como Martín de Ezeiza, y Guillermo Godoy, alias Caverna, además de los policías Alejandro Hayet y Alejandro Rivaud. La suma de las penas por administración fraudulenta e instigación a la formación de grupos violentos podría alcanzar los 12 años de prisión.
