(ARGENTINA).- La FIFA aprobó una modificación de su reglamento de transferencias que entrará en vigor el 1 de enero y cambiará el tratamiento de las cláusulas de rescisión. La medida busca evitar que una cifra desproporcionada impida la salida de un futbolista, un problema que quedó expuesto durante el caso de Julián Álvarez, vinculado con el Atlético de Madrid y el Barcelona.
El artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores será el eje de la reforma. Desde enero, las competiciones deberán adaptar sus contratos a un modelo en el que el precio para romper unilateralmente la relación entre futbolista y club guarde una proporción razonable con las circunstancias de cada operación. La modificación apunta a ordenar una discusión que hasta ahora podía extenderse durante mucho tiempo y resolverse con criterios demasiado abiertos.
Los conflictos entre clubes y jugadores también tendrán un límite temporal más preciso. El nuevo reglamento fija un plazo máximo de 45 días para alcanzar una resolución, una medida que contempla disputas como la del caso de Lass Diarra. La FIFA pretende que la compensación no se transforme en una herramienta para bloquear de hecho la salida de un futbolista.
Los criterios para fijar la compensación
La compensación deberá calcularse a partir de varios elementos vinculados con el contrato y la situación del club. Entre ellos estarán el valor pendiente del vínculo, el salario que todavía debía percibir el jugador y el costo que tendría para la institución encontrar un reemplazante. Estos factores deberán ser considerados para establecer una cifra relacionada con las circunstancias concretas de la operación.
La salida de un futbolista también podrá analizarse por sus consecuencias sobre la estructura del equipo. El reglamento permitirá valorar los perjuicios estructurales provocados por la marcha y las posibles conductas inapropiadas de cualquiera de las partes. De esa manera, la resolución no quedará limitada al monto del contrato o al sueldo pendiente.
La intención de la FIFA es impedir que una cantidad desproporcionada sea utilizada por cualquiera de las partes para frenar una salida. El objetivo declarado es establecer un marco más equilibrado entre los intereses del jugador y del club, con un procedimiento que permita resolver las disputas dentro de un plazo definido. La modificación cuenta, además, con el respaldo de los representantes de los futbolistas.
El caso de Julián Álvarez quedó como uno de los ejemplos de las dificultades que la reforma intenta evitar. Durante este mercado de verano, algunas operaciones quedaron frenadas por cifras consideradas inasumibles para los clubes compradores o por la negativa de las instituciones a sentarse a negociar, una situación vinculada con el delantero, el Atlético de Madrid y el Barcelona. La modificación entrará en vigor el 1 de enero y los nuevos contratos deberán ajustarse al principio de proporcionalidad.
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